Hoy ha estallado una auténtica bomba informativa en el territorio alavés. A la hora de escribir estas líneas aún sabemos poco o nada, por lo que escasamente podemos avanzar o conjeturar sobre como acabará esto. Pero dado que no podemos o debemos hablar del final si que tenemos la obligación de hablar del principio, y tengo la impresión de que eso es más que suficiente.
Esto, como muchas otras actuaciones similares relacionadas con los juzgados, deben llevarnos en primer lugar a reflexionar básicamente en tres frentes.
Por un lado, a los que nos dedicamos con mayor o menor fortuna al noble empeño de escribir para que otros lo lean, este tipo de situaciones tendrían que exigirnos un ejercicio de autoreflexión. ¿Dónde empieza y dónde acaba la noticia? ¿Somos o no responsables de los daños que provoca la información? ¿Son estos daños inevitables? ¿Es compatible la prudencia y el respeto a ciertas garantías personales con el derecho a la información? Yo tengo claro que, en casos como este,  noticia en el sentido ético y deontológico de la palabra es la sentencia, no la acusación. Eso último es más asimilable al libelo que a la información. Y quede claro que lo digo al hilo de este caso, y no exclusivamente por él. Conocidas son mis tesis sobre la judicialización del periodismo que suelo desarrollar en relación con el lamentable proceso que está sufriendo Eliseo Gil, tesis que cada vez siento como más asentadas cuando contemplo grandes titulares con espectaculares operaciones policiaco judiciales a que nos tienen acostumbrados por estas tierras, y cuyas consecuencias personales suelen ser más considerables que las penales.
Por otro lado, y al hilo de lo anterior el repaso a la prensa nos produce a menudo situaciones chocantes cuando no absolutamente delirantes, especialmente en cuanto a aquello de la igualdad ante la ley se refiere. En el mismo taco de páginas impresas podemos observar cómo el relato de un accidente de tráfico con víctimas está plagado de iniciales, por no se sabe muy bien que respeto a qué, cuando páginas más adelante aparece publicada la esquela del fallecido, mientras que en portada y en páginas interiores con gran alarde tipográfico se publican crónicas de detenciones, no setencias, apoyadas con nombres completos, fotos y demás circunstancias que en poco o nada respetan la presunción de inocencia ni el trabajo de jueces, abogados y fiscales.
En tercer y último lugar, aunque conceptualmente en primero de ellos, todo esto debiera hacernos como sociedad replantearnos ciertos modelos que escapan de nuestras manos y rompen nuestro sistema de garantías. Concretamente cada día estoy más convencido de la necesidad de activar medidas legales y procedimentales, que, combinadas con la oportuna y necesaria reeducación de los profesionales de los medios consigan garantizar el derecho a la presunción de inocencia y evitar la ejecución de condenas previas que de facto hacen inútiles las sentencias cuando no convierten a todo el proceso en una injustica dificilmente reparable.
Dicho de otra forma debería garantizarse que el culpable sea identificado, juzgado y condenado de forma que repare su daño cuando sea posible, o se evite la repetición del mismo cuando sea previsible. Pero lo que un sistema de garantías exige es que tanto o más empeño se ponga en que ningún inocente sea condenado y sufra daños con frecuencia irreparables por mor de sospechas infundadas, acusaciones interesadas, actuaciones de agentes policiaco judiciales torpes o negligentes, o simplemente por errores o coincidencias u otras circunstancias que tan humanas son.
Mañana el otro lote de reflexiones…
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